El Ministerio de Justicia presentó el pasado 14 de febrero de 2022 el proyecto de inmediación y presencia digital que permite a los ciudadanos y a los operadores jurídicos comparecer mediante videoconferencia en actos judiciales «con plenas garantías jurídicas».
Para ello, se ha habilitado una herramienta que hace posible la firma digital y la identificación de los participantes.
Según explicó el equipo del Ministerio de Justicia, se trata del Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID), un proyecto «único en el mundo» que traslada las capacidades de identificación y firma digital a los entornos telemáticos.
Es un procedimiento técnico elaborado en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la que ha integrado el sistema Cl@ve, que actúa, precisamente, como interfaz para que el funcionario de la Adminsitración de Justicia pueda identificar con seguridad a las personas que participan en actos a distancia.
Ha sido financiado con fondos europeos y se definido en cogobernanza con las Comunidades Autónomas.
La ministra Pilar Llop aseguró que es el resultado de «muchos meses de trabajo» y señaló que, desde Justicia, se han reunido con abogados, procuradores, consejerías de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) para su desarrollo e implementación.
«Hemos desarrollado un conjunto de procedimientos técnicos y organizativos para aportar plena seguridad jurídica digital. Son únicos en el mundo«, aseguró.
Este proyecto permitirá, según la ministra, que no sea necesario trasladarse físicamente a una sede judicial para llevar a cabo determinadas diligencias procesales, lo que reducirá los desplazamientos, evitará las suspensiones en los casos en los que alguna de las partes no se pueden trasladar al juzgado y dará «más tiempo para conciliar» a los trabajadores de la Administración de Justicia.
En el marco de la presentación, Llop subrayó que se garantizará que la brecha digital no afecte el funcionamiento de la Justicia.
Las personas en situación de vulnerabilidad que no puedan acceder a las nuevas tecnologías y las personas con discapacidad «van a estar debidamente atendidas y acompañadas».
En última instancia, añadió, “este proceso busca mejorar la vida de las personas, al no tener que desplazarse para realizar actuaciones judiciales, reduciendo gastos económicos y tiempo, especialmente aquellas que viven en lugares con una baja densidad de población y cuyo desplazamiento es especialmente costoso; también va a impactar positivamente en el medio ambiente”.
«SALTO CUALITATIVO»
El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, explicó que, aunque desde el inicio de la pandemia se están realizando actuaciones telemáticas en las que no se exige la presencia física de los intervinientes, el proyecto del Ministerio «supone un salto cualitativo» que en este proceso de transformación digital van a suponer las tres leyes –de eficiencia procesal, organizativa y digital- que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia, aportando una base legal común.
Olmedo se refirió a este proyecto de transformación digital como un magnífico ejemplo de las posibilidades brindadas por los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
“Nos permiten contar con tecnología innovadora y emprender cambios organizativos e, incluso, culturales hacia una digitalización útil e inteligente que redunde en la ciudadanía, e incremente la competitividad del país”, afirmó.
Está enmarcado en el plan Justicia 2030 que cuenta con un presupuesto, ya ejecutado, de tres millones de euros, aprobado por unanimidad por las Comunidades Autónomas.
Por su parte, el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, destacó que se trata un sistema «neutro» que puede ser integrado al software de otras administraciones públicas, lo que facilitará su integración en todo el territorio nacional.
En este sentido, insistió en que «no hay otro caso equiparable ni en Justicia ni en otra área».
«Estamos haciendo el camino al andar», subrayó.
MURCIA Y ASTURIAS
Para ilustrar este avance, tomaron parte en la presentación el secretario coordinador de la Región de Murcia, Miguel Ángel Soler, la viceconsejera de Justicia de Asturias, Encarnación Vicente y el director de seguridad y estrategia digital del Principado de Asturias, Javier Fernández.
Antes de iniciar sus intervenciones se explicó que desde el verano de 2021, la Región de Murcia y el Principado de Asturias han participado en el proyecto piloto para ejecutar EVID para diversos trámites celebrados vía videoconferencia.
En el caso de la Región de Murcia empezaron con los trámites de remate de subastas y posteriormente añadieron los trámites de aceptación de cargo de perito y aceptación de defensor judicial, según explicó Soler.
En total, precisó, se realizaron 183 actuaciones en EVID en 2021 en las que intervinieron más de 350 personas sin necesidad de trasladarse a sede judicial.
La viceconsejera de Justicia de Asturias, Encarnación Vicente y el director de seguridad y estrategia digital del Principado de Asturias, Javier Fernández , explicaron que su enfoque en una primera implementación de este proyecto se centró en el ámbito de familia y menores, en los trámites de aceptación de cargo de curador para actuar en nombre de personas con discapacidad, aceptación de cargo de defensor y aceptación de cargo de perito.
Desde el Ministerio de Justicia, destacaron los beneficios que proporciona EVID para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las víctimas de violencia así como de los testigos al evitar que compartan espacio físico con sus presuntos agresores.